El acusado de espiar a mujeres con una cámara lleva a niños de igorre en su taxi contratado por el G

El Departamento explica que ganó un concurso público, pero adelanta que revisará la documentación para comprobar que cumple todos los requisitos

Varias familias de la localidad vizcaína de Igorre se han dirigido al Departamento de Educación del Gobierno vasco para mostrar su preocupación. Se quejan, en concreto, del taxista que ha logrado la adjudicación para trasladar con su vehículo a los escolares que viven en casas apartadas del Valle de Arratia. Están preocupados porque es la misma persona que el pasado año fue imputada por la Ertzaintza por colocar una cámara espía en el vestuario femenino de la empresa Baz de Igorre. De hecho, el 90% de los 588 socios de esta cooperativa, que se dedica al sector de las piezas para automoción, respaldó su expulsión de la compañía. Cuando fue despedido consiguió una licencia de taxi y en la actualidad también trabaja para el Ayuntamiento de Igorre realizando servicios de «mensajería».

Fuentes oficiales del Departamento de Educación explicaron a este periódico que el individuo, de 44 años, ganó un concurso público para realizar este trabajo y que, por lo tanto, tiene derecho a ser contratado por el Ejecutivo. También reconocieron la existencia de protestas de algunas familias del Valle de Arratia. Y adelantaron que tienen previsto revisar la documentación aportada por el taxista para comprobar que cumple todos los requisitos. De hecho, piensan solicitarle el certificado que acredite que no tiene ningún tipo de antecedente penal por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Si detectan alguna anomalía, el Gobierno vasco pasará el caso a los servicios jurídicos.

El alcalde de Igorre, por su parte, reconoce que esta persona también trabaja para el Ayuntamiento, donde realiza tareas de mensajería, pero aseguró desconocer si realmente estaba trasladando a niños hasta los colegios del valle.

LOS LÍMITES

Según las fuentes consultadas por EL CORREO, las familias que han expresado su preocupación no cuestionan que esta persona tenga derecho a rehacer su vida y a trabajar dignamente. Lo que les inquieta es que tenga que llevar precisamente a sus hijos y remarcan que nunca se mostró «verdaderamente arrepentido» por grabar a las mujeres en el vestuario de su antigua empresa.

El Gobierno ha pedido un certificado que acredite que carece de antecentes por delitos sexuales

INVESTIGACIÓN

La cámara fue descubierta el 16 de enero del pasado año. Una de las trabajadoras detectó lo que parecía ser un pequeño dispositivo en los baños de su vestuario. La Ertzaintza identificó al trabajador porque su rostro aparecía en la propia grabación mientras instalaba el aparato, le imputó un delito contra la intimidad y envió las diligencias al juzgado. Además, también le denunciaron cinco mujeres de la cooperativa. La empresa le cesó manera preventiva pocos días después. El trabajador, en un intento por conservar su trabajo, pidió «perdón» a sus compañeros, pero insistió en que no llegó a grabar a nadie. En su defensa insistió en que el atestado policial mantiene que no llegó a filmar a las empleadas.

«No cuestionamos su derecho a trabajar. Lo que no nos gusta es que sea llevando a nuestros hijos»

VECINOS

El informe de la Ertzaintza recoge que en la tarjeta de memoria se hallaron dos únicos archivos de vídeo. El primero, de cuatro segundos, es un plano en negro en el que no se ve nada, mientras que en el segundo (con una duración de 25 segundos) se observa «la cara de la persona que porta la cámara» y, posteriormente, azulejos blancos y enchufes. Sus explicaciones no convencieron. «Lo que nos preocupa es que no sabemos cuáles son los límites de esta persona», explica un padre.